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NOMOLOGÍA CANÓNICA (CC. 1-95) TEMARIO PARA EXAMEN

Tema 1. Las leyes eclesiásticas (cc. 7-22). 

Caixa de texto: Leyes de derecho divino: Leyes dadas por Dios y, por lo tanto, no son obra de la autoridad humana, ni por ella pueden ser modificadas, suprimidas o contravenidas. Aunque son definitivas y perpetuas, el legislador le presta formulación jurídica para su real eficacia. 
Dos tipos:
- Derecho divino positivo: El que ha sido revelado (Primado, elementos constitutivos de los sacramentos, la autoridad de la Iglesia)
- Derecho divino natural: Pertenece a la misma esencia de la naturaleza del hombre. Todos lo conocemos a la luz natural de la razón.
Estas leyes están excluidas del canon porque el legislador no puede poner límites ni condiciones al cumplimiento de estas leyes.
Definición de ley.


“la ley es la norma dada para el bien común por la autoridad competente de cada comunidad


Nacimiento y establecimiento.
Caixa de texto: Promulgación y publicación de la ley: la promulgación es un acto público y solemne de la potestad de régimen por el cual queda fijado auténticamente (por mandato de su autor) y de modo definitivo el texto de la ley, dando fe de su existencia, de su exacto contenido y de la voluntad del legislador de intimarla (darla a conocer, comunicarla, notificarla) a la comunidad. La promulgación se realiza mediante la publicación (acto realizado por mandato del autor de una ley y otro acto jurídico dirigido al conocimiento de sus destinatarios. Puede hacerse de diversos modos, siendo el más común el boletín oficial

La ley queda establecida cuando se promulga. Promulgación:
-      Acto formal, solemne y público.
-      Lo ordena la autoridad jurídica que da la ley.
-      Mediante el cual se fija de modo auténtico y definitivo su texto.
-      Se manifiesta la voluntad del legislador de intimarla a la comunidad.
-      Y se determina su publicación.

La finalidad de la publicación es darla a conocer la ley a la comunidad.
-      Si es universal: mediante publicación en el Boletín oficial de la Santa Sede.
-      Si es particular: Se determinará en cada caso aunque lo común sea su publicación ene l Boletín Oficial de cada diócesis.
Caixa de texto: Vacación y entrada en vigor de la ley: la vacación es el tiempo entre la promulgación y la entrada en vigor de la ley, durante el cual se suspenden sus efectos obligatorios (derivados de 
su promulgación) con el fin de que la comunidad que ha de cumplirla pueda conocerla. El momento a partir del cual debe cumplirse ineludiblemente la ley es el de la entrada en vigor.
Vacación.
-      Espacio de tiempo.
-      Pretende facilitar la adecuada recepción de la ley.
-      Tiene la virtualidad de suspender los efectos obligatorios de la misma derivados de la publicación.
Si es universaltres meses, salvo que la naturaleza de la ley excluya la vacación o que el legislador establezca otro plazo. La particular será de un mes, las dos siempre a partir de su promulgación.
Excepción de vacación:
-      Caso de leyes permisivas, especialmente si liberan de obligaciones, conceden facultades u otro contenido favorable.

Caixa de texto: Irretroactividad de la ley: un principio general de aplicación de toda ley es que sólo tendrá efectos a partir del momento de su promulgación, de modo que no afectará a hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia. Para que una ley tenga efectos retroactivos deberá disponerlo expresamente.
La irretroactividad significa que una ley se da para los hechos futuros, por lo que no afecta a situaciones pasadas consolidadas legítimamente, ni a los efectos producidos.
Esta se aplica sin excepción: 
-      Situaciones básicas resultantes de actos constitutivos (matrimonios).
-      Cuando la ley introduzca obligaciones nuevas.
Excepción: Puede modificar o eliminar realidades o condiciones que con el paso del tiempo o circunstancias hayan devenido irracionales, o gravemente inoportunas.
Estas excepciones costaran expresamente en la nueva ley, incluso cuando la retroactividad sea favorable.

Clases y características (cc.7-10).

Ley personal y ley territorial: la primera es la ley dada para fieles determinados, que han de cumplirla en cualquier lugar en que se encuentren; la segunda es dada para ser cumplida en un territorio concreto, de tal modo que obliga a todos aquéllos que moren en ese territorio, según las condiciones establecidas por el Derecho (véanse cc. 12-13). 
Ley universal y ley particular: la primera es aquella dada por el legislador universal (El Papa o en quién éste delegue y el Colegio Episcopal) que obliga, en el territorio de toda la Iglesia, a todos aquellos a quienes vaya dirigida. La ley particular es dada por el legislador universal o particular para los fieles de un determinado territorio. 

Toda ley canónica implica una obligación de cumplimiento en conciencia, pero no todas ellas conllevan una igual sanción jurídica para el caso de trasgresión.
Tipos de leyes:
-      Preceptivas: Mandan cumplir una obligación.
-      Prohibitivas: Buscan impedir la realización de determinadas conductas.
-      Exhortativas: Aconsejan seguir determinadas conductas.
-      Permisivas: ni mandan ni prohíben, sino que permiten observar determinados comportamientos en atención a las circunstancias concretas.
-      Penales: Establecen sanciones.
-      Facultativas: Confieren facultades a los fieles.
Caixa de texto: - Invalidantes: Son las que declaran la nulidad de los actos. Solo determinados comportamientos ilegítimos considerados especialmente graves por su lesión del bien común o de la disciplina eclesiástica son sancionados con la nulidad de lo actuado.
La mención a la invalided puede ser:
o Explícitas.
o Implicitas.
Son inválidos por dos razones:
o Porque no cumple algún requisito esencial impuesto por la ley.
o Porque se ha omitido alguna solemnidad expresamente exigida para la validez.
Caixa de texto: - Inhabilitantes: Determinan la inhabilidad de las personas para realizar un acto válido.
Una persona puede resultar inhábil por no reunir las condiciones requeridas por el derecho:
o Incapacidad natural (171.1)
o Por derecho divino (842.1) asumida por el legislador.
o No cumplir con exigencias legales que tienen como fin garantizar que los actos eclesiales se realicen debidamente (656.1 y 2)
Solo en casos excepcionales el inhábil puede devenir en hábil:
o Por prescripción legal (1079-1080)
o Por dispensa de la causa que origina la inhabilidad, que hace cesar esta (1085 y 1142)
o Por mediación de un acto de delegación que atribuya al inhábil las facultades necesarias para actuar (85).
Criterios para el cumplimiento de las leyes eclesiásticas (cc. 11-13). 
Criterio de obligatoriedad
Caixa de texto: Leyes de derecho divino: Leyes dadas por Dios y, por lo tanto, no son obra de la autoridad humana, ni por ella pueden ser modificadas, suprimidas o contravenidas. Aunque son definitivas y perpetuas, el legislador le presta formulación jurídica para su real eficacia. 
Dos tipos:
- Derecho divino positivo: El que ha sido revelado (Primado, elementos constitutivos de los sacramentos, la autoridad de la Iglesia)
- Derecho divino natural: Pertenece a la misma esencia de la naturaleza del hombre. Todos lo conocemos a la luz natural de la razón.
Estas leyes están excluidas del canon porque el legislador no puede poner límites ni condiciones al cumplimiento de estas leyes.
Se denominan meramente eclesiásticas para diferenciarlas de las leyes de derecho divino.
La obligación de cumplir la ley requiere tres circunstancias:
1.   Estar bautizado en la Iglesia Católica(c. 96).
Por el bautismo el fiel se convierte en sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito eclesial.
No se exceptúa a nadie, ni a aquel sujeto que rechazara la fe o la comunión jerárquica ya que por el bautismo recibimos el sello indeleble de la pertenencia a Cristo y a su plan de salvación.
2.   Tener suficiente uso de razón.
El uso de razón es un requisito natural exigible para todo acto humano.
Es carente de uso de razón el que no la tiene nunca como al que carente de razón tiene episodios de lucidez. Por el contrario si se considera con uso de razón el que tiene episodios aislados de defecto de razón.
3.   Edad mínima de siete años.
Es la edad mínima siempre que la ley no disponga otra cosa (ej. Ley del ayuno que empieza a los 18 años).

El modelo de organización de la Iglesia se basa en la división temporal, por lo tanto ha de tenerse en cuenta la vinculación estable del fiel con un territorio como el lugar en que se encuentre de hecho en el momento en que la norma canónica surta efecto. Esto no obsta a que haya leyes personales que obligan a la persona en cualquier lugar que esté; y estructuras pastorales apara atender a los fieles en función de su situación personal, como por ejemplo en función del rito.

Ley universal: Es la ley que solo puede ser dada por la autoridad suprema de la Iglesia (331 y 336) y obliga en todo el mundo a los fieles que designe como destinatarios. Pueden ser:
-      Generales: Si obligan a todos los católicos sin excepción como por ejemplo las leyes del concilio ecuménico.
-      Especiales: Si van dirigidas a unos fieles en particular por su condición dentro de la iglesia.
Exenciones de la ley universal:
-      Privilegio apostólico (c76).
-      Dispensa (c 87).
-      Costumbre contraria (c 5.1 y c 26).
-      Decisión del a Conferencia Episcopal a tenor del canon 1246.2.
-      Ley pontificia particular contraria, etc…

Ley particular: Ley promulgada en un territorio peculiar. Pueden provenir del legislador supremo o de los legisladores inferiores competentes.
Estas leyes obligan a todos aquell@s que tengan su domicilio o cuasidomicilio ene l territorio y, además se encuentren en el.

Caixa de texto: Transeúnte y vago: el primero es aquel fiel que teniendo un domicilio o un cuasidomicilio y conservándolo, se encuentra transitoriamente en otro lugar; el vago es aquel fiel que carece de cualquier residencia estable, no teniendo ni domicilio ni cuasidomicilio.
Como regla general, los transeúntesno tienen obligación de cumplir las leyes del territorio donde tienen su residencia si no se encuentran en él, ni tampoco las del lugar donde se hallen, al no tener vinculación territorial con el.
Excepciones:
-      Cuando la ley es personal.
-      La inobservancia de la ley causaría un daño al propio territorio. 
La asistencia siempre: 
o  Al sínodo diocesano (c 463.1).
o  Al concilio particular (c 444.1).
Se observaran siempre sin excepciones :
-      Las leyes territoriales dadas para la tutela del orden público (c 772).
-      Las referentes a las formalidades de actos jurídicos (c 124), y
-      Las leyes sobre bienes inmuebles (c. 1297).
Losvagostienen un principio absoluto de territorialidad que les sujeta a todas las leyes vigentes ene el lugar donde se encuentren, el cual hace las veces de domicilio legal, en cuanto no es voluntario sino que está determinado por la norma.

Caixa de texto: Duda de derecho y de hecho: la primera se da en casos de incertidumbre objetiva sobre la existencia o contenido de una ley, de tal modo que ésta no urge, pues la ley ha de ser siempre cierta. La duda de hecho en cambio se refiere a la situación concreta a la que debe aplicarse la ley, de tal modo que siendo la ley cierta y clara se desconocen las circunstancias del caso, no pudiéndose saber con seguridad si ha de aplicarse lo que dispone la norma. La ley urge, pero en atención a la duda puede dispensarse según Derecho. Régimen de la duda (cc. 14-15).


Las leyes que no gozan de total certeza no pueden obligar (c 7, 8), de ahí el principio de lex dubida, lex nulla.
-      Duda de derecho: Las dudas que versan sobre la existencia y pervivencia de la ley y también aquellos que recaen sobre su aplicación o vigencia. Cuando un pueda saberse ciertamente si una ley, aún invalidante o inhabilitante, deba aplicarse a un caso concreto, esta no urgirá y por lo tanto no habrá de cumplirse. 
Como tendrá que ser esta duda: 
Tener fundamento,
o  Entidad,
o  Objetiva,
o  Razonable y
o  Probable.
La duda de derecho hace decaer la obligación de la ley sólo respecto en lo que a ella haya de dudoso, obligando las demás disposiciones.
-       Duda de hecho: Esta duda recae sobre las circunstancias del hecho concreto. En este caso las leyes invalidantes o inhabilitantes urgen, puesto que su efectividad es objetiva.
Por la existencia de la duda, el derecho concede a los ordinarios (c. 134) la posibilidad de dispensar de etas leyes ad cautelam(c 86-87), aun en los casos en que la dispensa esté reservada, con la única condición de que la autoridad competente pueda concederla.
No otorga facultad de dispensa cuando:
o  Cuando la dispensa no suele concederse (consanguinidad 2º grado línea colateral)
o  Cuando está atribuida el derecho en exclusiva al Romano Pontífice (celibato y matrimonio rato no consumado).


Caixa de texto: Presunción jurídica: afirmación que hace el Derecho dando por cierto o probable un determinado hecho de por sí incierto, con el fin de facilitar su prueba. Las presunciones conocidas en Derecho pueden ser de dos tipos: presunciones iure et de iure, o de pleno derecho, que no admiten prueba en contra (por ejemplo, el derecho canónico presume que un menor de 7 años no tiene uso de razón a efectos de estar eximido de la obligatoriedad de la ley eclesiástica); y las presunciones iuris tantum, o de sólo Derecho, que apoyan una determinada conjetura mientras no se pruebe lo contrario, correspondiendo la carga de la pruebe a quien la niegue (por ejemplo, que las leyes particulares son territoriales, no personales, o la ignorancia de una ley o de una pena)
El sujeto obligado por las leyes inhabilitantes o invalidantes puede:
-      No tenerlas presentes.
o  Ignorancia,
o  Negligencia.
o  Olvido.
-      Hacerse un juicio falso de ellas: error.
En estos casos la eficacia objetiva de esta clase de leyes, que son dadas pensando en el bien público, prevalece sobre la postura subjetiva de quien deba cumplirlas, desplegando todos sus efectos jurídicos.
No cabe presumir la ignorancia o el error en:
-      Leyes en general.
-      Penas establecidas por la ley,
-      Hechos propios o ajenos pero notorios.
En hechos ajenos no notorios se presume la duda aunque esta pueda destruirse por prueba contraria.


Interpretación de la ley (cc. 16-19). 

Este canon con los dos siguientes trata de la interpretación de la ley, que es una actividad práctica necesaria para comprender las leyes y aplicarlas.. Esta actividad consistirá, en entender las leyes según el significado propio de las palabras, en el texto y el contexto.
-      Leyoscura y dudosa: acudir a las reglas interpretativas del c. 17.
-      Si fuere odiosa: se interpretará estrictamente (c. 18)
El canon ofrece quien es el que interpreta oficialmente la ley en casos de necesidad de aclaración. El § 1 y 2 le denomina interpretación auténticaque es hecha por el legislador. No la persona que dio la ley sino el oficio de legislar.
Quien puede interpretarlas uténticamente:
-      Tanto el autor como su sucesor,
-      Su superior:
o  Papa.
o  Colegio Episcopal.
-      Personas físicas y organismos de gobierno delegadas por el legislador universal.
-      Los obispos:
o  Leyes particulares para su territorio.
o  No las que la autoridad suprema dicta para el mismo.

Caixa de texto: Interpretación auténtica: es la interpretación (tarea de aclarar el significado de la ley) hecha por el legislador, entendido como oficio, o por aquél en quien éste delegue según las normas del Derecho. Es una interpretación vinculante para todos aquéllos a quienes obligue la ley objeto de interpretación, suele revestir la forma de una ley y, por tanto, requiere promulgación. Puede ser meramente declarativa o constitutiva de derecho nuevo.
La interpretación auténtica normalmente se realiza por medio de una ley y debe promulgarse. Los efectos son diversos.
-      Si la ley es declarativa: no requiere promulgación porque no introduce novedad legislativa y vale retroactivamente.
-      Si esta ley explicauna duda objetiva o extiende o restringepalabras: instaura derecho y debe ser promulgada y tener carácter irretroactivo.
Caixa de texto: Interpretación meramente declarativa e interpretación constitutiva de derecho nuevo: la primera es aquella que se limita a reafirmar el texto o el objeto de una ley de por sí clara. No introduce derecho nuevo por lo que no modifica los efectos ya producidos por la ley (se dice que ésta vale retroactivamente). Por interpretación constitutiva debemos entender la interpretación explicativa (que aclara el significado de una ley dudosa), la interpretación extensiva (que extiende el significado de la ley a nuevos casos) y la interpretación restrictiva (que reduce su objeto). Todas estas interpretaciones carecen de efecto retroactivo. La interpretación extensiva y restrictiva no deben confundirse con la interpretación amplia y la interpretación estricta. Por tales deben entenderse dos posibles maneras de interpretar la ley, a las que el CIC se refiere en algunas ocasiones, que implican siempre un respeto al sentido usual de los términos, sin vaciarlos de contenido o desvirtuar su sentido. La interpretación amplia permite tomar el mayor significado posible de un concepto, sin por ello cambiarlo, y la estricta aplicar el menor posible, sin perjudicar su sentido (p. ej. cc.18 y 36). 
Interpretación autoritativa: aquella que deriva de un acto de autoridad del juez (sentencia) o del superior con potestad ejecutiva (acto administrativo) al aplicar la ley a los casos singulares. Sólo obliga a las personas para quienes haya sido dado. 
Tendremos que distinguir la interpretación auténtica per modum legisde la autoritativa singularo particular, sin fuerza de ley, ya que deriva de un acto singular de autoridad que obliga solo para personas implicadas en los casos concretos para lo que se ha dado el acto jurídico.


Reglas hermenéuticasde interpretación:
-      Exegesis textual: las palabras son la herramienta empleada por el legislador para manifestar su voluntad. Estas palabras se entenderán en el significado propio: técnico o jurídico. El textoy el contextoson importantes.
-      Los lugares paralelos de la ley: Las normas codiciales están dentro de un marco mas amplio en donde encuentran sentido.
-      El fin o ratio de la ley: Objetivo del legislador al promulgar la ley. Circunstancias de la ley como factor externo condicionado por el lugar y el tiempo que rodeo a la emisión de esa ley.
-      Intención del legislador: Fin de la ley y razones que mueven al legislador a dictarla. Es el fin de toda interpretación. Puede ayudarnos el estilo peculiar del legislador concreto, de actos magisteriales o legislativos relacionados o ir a lo que es previo a la norma y determina su formulación, como principios constitutivos y principios básicos de las instituciones canónicas.


Ofrece este canon un criterio obligado de interpretaciónsobre un tipo de leyes que son las llamadas odiosaspor imponer una pena, una carga o un limite a la actuación de las personas. 
Deberán cumplirse estrictamente.
Tres supuestos de interpretación estricta:
1.   Las leyes que establecen penas: Pensadas para favorecer la recuperación del reo, mas importante que el castigo.
2.   Las leyes que coartan el libre ejercicio de los derechos: Como pueden ser.
-      Las que reglan los impedimentos matrimoniales (c 1083-1094).
-      Las que coartan derechos fundamentales de los fieles (c 223).
-      La actuación de personas jurídicas (c 318).
-      Las que impongan reservas de causas (c 1045).
-      Las dispensas (c 381). Etc.
3.   Las leyes que contienen excepciones a la ley:Como excepcionales que son no pueden perjudicar la prescripción general de la ley, que se protege con al interpretación estricta de la ley.

Las materias que el legislador no ha regulado y que tampoco se disciplinan a través de costumbre legítima son de libre actuación del sujeto.

Caixa de texto: Laguna de derecho o vacío legal: ausencia de ley que contemple un supuesto concreto.
Principios generales de derecho: valores y normas fundamentales que justifican y diseñan el ordenamiento jurídico canónico. 
Equidad: es un principio que debe informar la aplicación del Derecho canónico, que dispone a la búsqueda de la justicia del caso concreto y repugna la aplicación drástica o automática del Derecho sin tener en cuenta las situaciones personales. También se dice del modo benigno, misericordioso o caritativo de aplicar la ley.
Laguna de derecho:
-      Cuando haya una colisión de intereses,
-      Caixa de texto: Ausencia de norma positivaUn litigio
-      Una disputa 
-      Una duda

El juez siempre está obligado a resolver las lagunas de derecho. Están exceptuados las leyes penales que no admiten lagunas.
Vías de solución de lagunas legales.
-      Analogía legal: Acudir a leyes dadas para casos similares.
-      Principios generales del derecho: las bases que constituyen y justifican el derecho canónico.
-      Fuentes de derecho supletorio:
o  Jurisprudencia:sentencias de los supremos tribunales de la Signatura Apostólica y de la Rota Romana.
o  Práctica de la Curia Romana.
o  Al parecer de canonistas.




Revocación (cc. 20-21) y 

La ley canónica puede ser revocada expresamente por el legislador o cesar por otros motivos. El cese de la ley implica la pérdida definitiva de sus efectos imperativos y su desaparición del ordenamiento jurídico.
Se asume el principio de lex posterior derogatanterior pero también estos principios:
-      Manifestación expresa del legislador:
o  Alcance total
o  Alcance parcial.
-      Contrariedad manifiesta.
-      Reordenación total de la materia.
Excepcionalmente, el derecho particular no puede ser abrogado ni derogado por la ley universal posterior, a no ser que esta lo diga expresamente.
El legislador universal practica el principio de subsidiariedad, manifestando su reconocimiento y respeto del derecho particular o especial vigente, así como hacia la figura del legislador particular.

Se exigirá que en las leyes conste fehacientemente su revocación para que decaiga su fuerza vinculante.
Dos principios:
1.   La revocación nunca puede presumirse, por lo que si esta no consta con claridad la ley a de tenerse por vigente.
2.   Se ha de intentar conciliar la ley nueva con la antigua, interpretando la posterior a la luz de la anterior y observándolas armónicamente en la medida de lo posible y razonable.

Canonización (c. 22).

Caixa de texto: Canonización de la ley civil: es la remisión que hace el Derecho canónico a normas civiles de los respectivos Estados, recibiéndolas o incorporándolas, tal y como están formuladas, al Derecho de la Iglesia.
Utilidad de esta técnica:
-      Hacer coincidir ambas normativas.
-      Otorgar valor civil a actos o instituciones canónicas.
-      Evitar la duplicidad de formalidades innecesarias.
-      Economía legislativa, etc.
Como la canonización incorpora la ley civil al derecho canónico y la convierte en auténtica ley para la iglesia, sólo podrán ser recibidas aquellas leyes civiles que no contradigan el derecho divino y el propio código de derecho canónico.
Por ser incorporadas al derecho canónico no dejan de ser leyes civiles y se observan con los mismos efectos que tienen en el ordenamiento secular.
Ejemplos en los que el CIC remite a la legislación civil:
-      Contratos.
-      Prescripciones.
-      Esponsales.
-      Tutela.
-      Adopción.
-      Testamentos, etc.



Tema 2. Régimen codicial de la costumbre: 

Definición

Caixa de texto: Costumbre: derecho no escrito con fuerza de ley, procedente del comportamiento cotidiano de la comunidad de fieles, realizado según el modo y las condiciones establecidas en el CIC. La costumbre ha de ser razonable, lo que implica que su uso ha de ser acorde al derecho divino, a la moral, de posible cumplimiento y útil o beneficioso para la salus animarum. La costumbre puede ser contra ley o extralegal (aquella que da fuerza de ley a un comportamiento no contemplado por el Derecho) y no ha de estar reprobada (declara como tal por la autoridad, por no razonable, contraria al derecho divino, a la moral, a la justicia ,etc. , lo que implica su supresión y la prohibición de que reviva en el futuro). 
Comunidad capaz de recibir ley: cualquier grupo de personas no puede considerarse una comunidad a la que se pueda dar una ley (o introducir costumbre jurídica con valor de ley) y quedar obligada por ella. Para que ello sea posible es necesario que la comunidad sea de fieles católicos y que esté reconocida por la Iglesia como una institución estable, con finalidad eclesial, que vincula personal o territorialmente a sus miembros por un fin común, y cuya existencia no depende de las personas que en uno u otro momento formen parte de ella. Ejemplos pueden ser la parroquia, el seminario, una asociación, un instituto de vida consagrada, etc.
Funciones de la costumbre:
-      Representa un medio propicio para que, de acuerdo con la doctrina conciliar, todos los fieles, iguales en dignidad, participen en la edificación de la iglesia (LG 12 y 32; c. 129, § 2)-
-      Es la mejor intérprete de la ley (c 27)
-      Resulta muy útil para la adaptación del derecho universal a las diversas culturas, situaciones o sensibilidades. 

Clases

Tipos de costumbres:
p  Universales: Vigor en toda la Iglesia.
p  Particulares: Para un territorio concreto.
p  Contrarias a la ley: Que van contra una ley establecida.
p  Extralegales: Que regulan situaciones no contempladas por el derecho.
p  Ordinarias: Observadas durante treinta años.
p  Centenarias o inmemoriales.


Requisitos para que alcance fuerza de ley (cc. 23-28). 

Para la creación de una ley por medio de la costumbre son necesarios dos requisitos:
-      Observancia del comportamiento por la comunidad en el modo detallado por el derecho.
·      Comunidad de fieles católicos,
·      Capaz de recibir ley
-      Aprobación del legislador.
·      Garantiza la autenticidad eclesial de a costumbre.
·      Necesaria para que adquiera fuerza de obligar.
El requisito cumplido se considera cuando el uso ha observado todos los requisitos establecidos por los cc 23-28.

No puede convertirse en norma de ley una costumbre que:
-      Es contraria al derecho revelado.
-      Que no resulte razonable.
-      Que atente contra el bien común y la verdad.
-      Que no sea conveniente y útil para el fin eclesial.
El legislador puede declarar una costumbre irracional mediante reprobación.

Caixa de texto: Comunidad capaz de recibir ley: cualquier grupo de personas no puede considerarse una comunidad a la que se pueda dar una ley (o introducir costumbre jurídica con valor de ley) y quedar obligada por ella. Para que ello sea posible es necesario que la comunidad sea de fieles católicos y que esté reconocida por la Iglesia como una institución estable, con finalidad eclesial, que vincula personal o territorialmente a sus miembros por un fin común, y cuya existencia no depende de las personas que en uno u otro momento formen parte de ella. Ejemplos pueden ser la parroquia, el seminario, una asociación, un instituto de vida consagrada, etc.
Para que una costumbre alcance fuerza de ley, es necesario que la introduzca una comunidad capaz de ser regida por ley con intención de crear derecho. Debe ser observada por la comunidad que será su destinataria. Pueden ser consideradas comunidades para recibir ley aquellas instituciones eclesiales que agrupan a sus miembros para un fin común, vinculados con criterio personal o territorial y están bajo la autoridad de un superior con carácter normativo.
La intención de introducir derecho nuevo debe manifestarse objetivamente, por lo que no valen intenciones subjetivas ni la repetición de un uso por ignorancia, apatía, desprecio burla, desinterés.

Tiempos

Esta canon contempla los requisitos de tiempo necesarios para el perfeccionamiento jurídico de la costumbre contra ley y extralegal, así como dos situaciones especiales:
-      La existencia de costumbres centenarias contrarias a prohibiciones expresas
-      Costumbres especialmente aprobadas.
La regla general para la costumbre contraria a la ley o la que la completa, requieren una observancia de treinta años completos sin interrupciones. Excepciones:
-      La costumbre contraria a una ley que las prohíbe expresamente no puede llegar a adquirir fuerza de ley a menos que llegue a ser centenaria o se considere inmemorial.
-      Nunca podrán introducirse costumbres reprobadas.
La aprobación específica del uso social por el legislador competente exime de los plazos exigidos.

Revocación.

La revocación de las costumbres se produce de modo equivalente a las leyes (c.20). Las costumbres precodiciales derogadas por norma codicial siguen el régimen visto en el c 5, las precodiciales no derogadas por el CIC y las poscodiciales que vayan surgiendo se derogarán por costumbre o ley contraria, con excepción de las centenarias o inmemoriales, para las que se exige clausula de revocación expresa. Y las particulares que no serán suprimidas por la ley universal (c 20)
Las Normas administrativas generales: 

Decretos generales e instrucciones (cc. 29- 34). 
Caixa de texto: Decreto General (legislativo o ejecutivo): el primero es una norma general y abstracta con rango de ley, cuya peculiaridad se encuentra en que es dada por autoridades con potestad ejecutiva en virtud de la potestad legislativa que les es delegada a tal efecto. Deben promulgarse 
del mismo modo que las leyes. 
El Decreto General ejecutorio también es una norma general y abstracta, pero dada por autoridades con potestad ejecutiva en el ámbito de su competencia, que tiene por finalidad detallar el modo en que deben cumplirse las leyes o urgir su observancia. Su rango es inferior a la ley, por lo que no puede prescribir nada contrario a ellas y cesa al cesar la ley cuya ejecución o cumplimiento determinan. Por su carácter general y abstracto también deberán promulgarse.

El decreto general es una norma legislativa, por lo que, salvo el nombre y lo que se dirá en el c 30, sus características coinciden con las de la ley. Son actos del legislador, generales y abstractos, dirigidos a una comunidad capaz de recibir ley. Se rigen por las normas relativas a las leyes (c 7-22). No dependen de otra ley y su función es servir de complemento a estas.

La autoridad con poder ejecutivo sólo puede dar el decreto general para casos particulares, en virtud de expresa y legítima delegación para una materia determinada y siguiendo las condiciones establecidas en el acto de concesión. Lo que diferencia un decreto de una ley son: la posibilidad de delegación y que esta sólo se de para legislar una materia específica.
Los dicasterios de la curia romana, con autorización específica del Sumo Pontífice, y las conferencias episcopales en los casos previstos por el derecho común o en mandato de la Santa Sede, pueden emitir decretos generales, siempre para casos particulares.

Los decretos generales ejecutorios entran de lleno en el ámbito de la potestad administrativa, con una función de apoyo y de aplicación de la ley. Por su autor y su función, tienen carácter accesorio y valor subordinado a la ley. Son disposiciones abstractas dadas para la generalidad, de ahí que se deban promulgar y publicarse, y siempre al servicio de la ejecución de la ley.
Su alcance está limitado por la competencia que tenga la autoridad ejecutiva. Pueden darlos las conferencias episcopales (c. 455 § 1 y 2).

Dado el carácter general y su derivación de la ley, el ámbito de aplicación del decreto general ejecutorio es el mismo que el de la ley a la que se refiere, no ampliando ni restringiendo los destinatarios a los que esta se dirige ni los supuestos a los que se refiere.

Cese

Por ser de naturaleza administrativa, este nunca derogará la ley y si contiene prescripciones contraria a ella deberán ser ignoradas.
Estos decretos cesarán por:
hExpresa revocación:
o  Explícita: Mediante otro decreto que así lo establezca.
o  Implícita: En casos de contrariedad o clara sustitución por norma posterior.
hPor cesar la ley a la que sirven al perder su sentido.
Pero como la mayoría de las normas esta no cesa aunque termine la potestad o pierda el oficio su autor, aunque este pueda disponer lo contrario mediante una clausula.
Caixa de texto: Instrucción: disposición administrativa dada por autoridades con potestad ejecutiva, para uso interno de la administración eclesiástica, dirigida a los titulares de oficios a quienes compete ejecutar y cuidar de la correcta aplicación de las leyes, con el fin de determinar o desarrollar el modo concreto de cumplir las normas. No es necesaria su promulgación, bastando su comunicación a los destinatarios.
Estatutos 
Caixa de texto: Estatuto: es la norma que rige la vida de una persona jurídica, la cual, ateniéndose al Derecho, determina su fin, su constitución, su régimen y su forma de actuar. Su naturaleza puede ser legislativa (si están contenidos en el CIC o los promulga la autoridad suprema de la Iglesia), ejecutiva (si son promulgados por autoridades con esa potestad) o privada (cuando, aún siendo aprobados por la autoridad, son promulgados por la propia persona jurídica que carece de potestad ejecutiva).
En la Iglesia, además de personas físicas, que son todos los fieles bautizados (c.96), hay otros entes, llamados corporaciones cuando los forman un conjunto de personas, o fundaciones si su base es un conjunto de cosas.
Estos entes pueden tener un origen divino, como la Iglesia, el colegio de los obispos y la santa sede, en cuyo caso son personas morales, o ser creaciones de derecho humano como las asociaciones de fieles o estructuras eclesiásticas, que reciben el nombre de personas jurídicas.
El c. 117 manda que todas ellas tengan unos estatutos, que pueden ser dados por la autoridad competente o aprobados por ellos en los que de acuerdo con las leyes constitutivas dadas para cada tipo por el derecho, se formulen las normas internas, propias y peculiares de cada ente en particular.
2. Los estatutos son normas abstractas dirigidos a aquellos que pertenecen a ente o lo dirigen.
3. Puede haber estatutos establecidos y promulgados por la autoridad legislativa, que por ello tendrán naturaleza legislativa y se regirán por las normas de las leyes

Reglamentos (cc. 94-95). 
Caixa de texto: Reglamento: es la regla dada para la ordenación de una reunión o celebración y determinan, siempre de acuerdo con lo establecido en los Estatutos, quiénes podrán acudir a ellas, el modo de comportarse o intervenir, quién las dirige, etc.
Los reglamentos son normas que concretan y desarrollan los estatutos de la persona jurídica, regulando los detalles del procedimiento que ha de seguirse en los actos colectivos de toma d decisiones o en las celebraciones. Obligan a todos los que participan


Tema 3. Los actos administrativos singulares: normas comunes (cc. 35-47).

Definición de acto administrativo singular

Caixa de texto: Acto administrativo: acto jurídico de autoridad ejecutiva en el ámbito de su competencia, a través del cual toma una decisión, provee un oficio u otro cargo eclesial, o concede una gracia.

Tipología

Todo acto administrativo, es o bien un decreto o bien un rescripto. Deberán considerarse como actos administrativos los decretos (decisorios, provisorios o preceptos) y los rescriptos, a  través de los cuales se conceden gracias como privilegios o dispensas..
Para poder emitirlo válidamente se tiene que tener potestad ejecutiva y poder ejercitarla en el caso concreto (c 48 y 59 § 1), tener competencia ya por razón de territorio, personas o por delegación.

Interpretación

Este canon es la norma que debe seguir el destinatario de un acto administrativo para comprenderlo correctamente, para que su cumplimento se realice de acuerdo con la voluntad de la autoridad expresa y cumpla así el fin buscado a través del acto.
Se establecen tres reglas fundamentales:
õ  Comprensión del acto: Deberá entenderse en el sentido que le atribuya el lenguaje usual empleado en el contexto en el que se otorgue. No puede ser objeto de suposiciones artificiales o enredos innecesarios. Lo importante es que la Administración pública de la Iglesia exprese con propiedad y claridad su voluntad en cada caso y que el destinatario pueda comprenderlos y cumplirlos.
õ  Interpretación en caso de duda: Si surge la duda por la indeterminación o ambigüedad de los términos, se da la regla general de la interpretación amplia, sin limitar ni cercenar lo que no se ha previsto. Como excepción, si el acto tiene u carácter gravoso o de imposición, deberá interpretarse estrictamente con el fin  causar la menos lesión posible. Esta interpretación es por razón de duda y no de materia, por lo que todo acto claro, favorable o no se entenderá según el sentido propio común expresado. El canon pone los siguientes casos de interpretación estricta:
o  Actos referentes a litigios.
o  Los que prevén o imponen una sanción.
o  Los que restringen derechos.
o  Los que afectan a derechos adquiridos del propio destinatario o de otra persona.
o  Los actos que permiten que una ley no tenga que ser observada por personas privadas, como los rescriptos.
õ  Eficacia: Se prohíbe su extensión analógica a otros casos fuera de los expresados, de ahí que no se pueda extrapolar lo dispuesto a situaciones o personas que no se mencionan. Si se da este caso el acto administrativo perdería su singularidad.

Eficacia (cc. 35-39, 47).

El fuero externo es el ámbito habitual en los que se desenvuelven los actos de gobierno eclesiales, dado que lo normal es que todos sean conocidos y puedan ser aprobados. El c 130 dirá que el ejercicio e la potestad de régimen se ejerce de suyo en el fuero externo, lo que implica que en ocasiones no sea así, ejerciéndose solo en el fuero interno. La función de la forma escrita es dar certeza al acto y permitir su prueba, de ahí que se preceptúe que la autoridad lo emita por escrito. Al no decirse expresamente esto anterior se deduce que no es condición la escritura para su validez ya que debería decirse expresamente (c 10). Es una mera norma preceptiva con el resultado de invalidez si no se cumple.
En el caso de los decretos, el dado oralmente es válido, pero el código nos dice que no podrá urgirse si no aparece reflejado por escrito (c 54 § 2, 58 § 2).
También requiere escritura el acto de ejecución del acto administrativo comisorio (c 40-45), realizado por el encaro hecho por el autor a un tercero (ejecutor), que deberá rendir cuentas; deberá constar por escrito.

Caixa de texto: Condición: hecho futuro e incierto de cuya realización se hace depender la eficacia de un acto administrativo. Un acto administrativo resultará inválidosi su autoría o contenido no se ajusta a los límites legales establecidos para una norma procedente del poder ejecutivo, siempre subordinado a la ley  y al legislador. De ahí que el acto administrativo que sea contrario a la ley o al decreto general (c. 29 es ley), a la costumbre con fuerza de derecho (cc 23 y ss) o al derecho adquirido legítimamente (c. 4) carece de eficacia en la medida en que los afecte, es decir, que los lesione. No es nulo sino que carece de efectos. La misma ineficacia se predica de los rescriptos dados por el Romano Pontífice sin petición previa o por motivos diversos de los alegados. Este canon admite un modo excepcional a través del cual la autoridad competente, consciente de su decisión, puede manifestar su voluntad de que el acto contenga disposiciones contrarias a la ley o a la costumbre o lesione un derecho adquirido, a través de lo que el canon llama clausula derogatoria. El objeto de la clausula no es derogar la ley sino permitir que una o varias disposiciones vigentes para la generalidad de los casos no se observen en un supuesto determinado. La ineficacia del acto es siempre después del recurso.


El autor de un acto administrativo puede hacer depender la producción de sus efectos del cumplimiento de alguna condición que expresamente el imponga con ese fin. Cuando la voluntad de la autoridad al respecto conste inequívocamente, debe cumplirse (c. 36 § 1), con independencia de que se usen las partículas propuestas por el canon u otras similares.
Lo único que se pretende con este canon es que la fórmula que se emplee no deje lugar a dudas sobre la necesidad de que se cumpla la condición para la efectividad del acto. En caso de duda sobre si la condición es esencial o meramente accidental, sólo se consideraran esenciales las que lleven estas partículas: si, a no ser que o con tal que. De las condiciones no depende la validez del acto jurídico sino su eficacia ya que la validez no depende de las condiciones.

Estatuto del ejecutor de un acto administrativo (cc. 40-45). 

Caixa de texto: Acto administrativo comisorio: acto administrativo que precisa de un procedimiento de ejecución (acción que se encomienda a un ejecutor, encaminada a dar efectividad a un acto administrativo). 
Mandato de ejecución: disposición en la que el autor de un acto administrativo encarga a un tercero su ejecución (ejecutor), en el cual se contienen las condiciones de ejecución y, en su caso, se delega la potestad necesaria para realizarla.
Competencias del ejecutor

Se refiere este canon a la competencia del ejecutor simple, obligatorio o necesario, que es aquel a quien se encomienda una ejecución ya decidida por la autoridad en todos sus elementos, careciendo de facultades para denegarla. Siempre se encomienda a un tercero con capacidad de decisión, teniendo en cuenta que se trata de un acto de servicio, que exige una ejecución inteligente que realice la justicia y contribuya al bien común.
El canon habilita al ejecutor a suspender e incluso denegar la ejecución cuando se den una serie de circunstancias taxativamente descritas, con al sola exigencia de comunicación inmediata al autor de acto, para que provea lo necesario (c. 41).
Deberá negar la ejecución si le consta manifiestamente que el acto administrativo es nulo, con el fin de evitar que un acto nulo tenga apariencia de validez y produzca efectos (c. 124 § 2); igualmente si conoce alguna causa grave por la cal no debe ejecutarse (c. 38) y finalmente, si tuviese conocimiento cierto de que no se han cumplido condiciones esenciales establecidas por su autor para l efectividad del acto administrativo.
También este canon concede facultades al ejecutor para suspender provisionalmente la ejecución por razones de oportunidad que debe valorar en cada caso, con el fin de evitar resultados absurdos, inconvenientes o dañinos para el propio destinatario o comunidad. Tanto la suspensión como la denegación tienen que contar por escrito.
El ejecutor es un mandatario y como tal debe atenerse a los términos del mandato recibido. Para cumplir su función puede tener que realizar actuaciones que el autor del acto no haya prescrito, o detallado o que no imponga para la validez de la actuación, en estos casos ha de entenderse que el ejecutor tiene un margen de libertad para suplir o elegir la mejor manera de actuar.
Lo mismo puede decirse del delegado, al que se le concede todo lo necesario para que pueda ejercer su potestad (c. 138).
Lo que si debe seguir al pie de la letra el ejecutor, bajo pena de invalidez son las posibles condiciones esenciales impuestas para la ejecución, así como el procedimiento exigido para su validez.
Como regla general, el ejecutor puede hacerse sustituir, si estima que, por exceso de trabajo o por otros motivos justificados no va a poder ejecutar con la rapidez o diligencia necesarias.
Esta no se da en los casos señalados por el canon: Si el autor ha prohibido la sustitución o el ejecutor es nombrado en atención a las cualidades personales, en la que se nombrará a otra persona. Para los actos preparatorios no hay exenciones y el ejecutor puede auxiliarse de un ayudante.
Cuando el oficio de ejecutor se hizo atendiendo al oficio de la persona (viario, párroco, penitenciario, etc.) su sucesor en el cargo sería el ejecutor natural. La única excepción es que l nombramiento se hiciese en atención a la persona misma, de manera que si cesa en el oficio sin haber llevado a cabo la ejecución, el autor del acto deberá designar un nuevo ejecutor.
El canon habilita al ejecutor a repetir la ejecución cuando antes de enviar las actas de la misma al mandante aprecie que ha incurrido en algún error (sustancial o accidental). Sin esta habilitación del derecho no podría actuar de nuevo.

Cesación (c. 46). 

El acto administrativo singular es una norma de la Administración pública de la Iglesia ligada a su oficio y a su función, por lo que una vez dado, puede decirse que adquiere vida propia o que sustituye al sucesor en el cargo; de ahí que no cese al extinguirse la potestad de quien lo dio.
Se pueden dar excepcionesen casos en que se supone una decisión mas personal que oficial:
-      como en los preceptos singulares impuestos sin documento legítimo (c. 58 § 2 )
-      los privilegios con clausula de la que así se desprenda (c. 81)
-      las dispensas que pierdan su causa (c. 93)
-      los nombramientos de vicario general y episcopal al vacar la sede (c. 481 § 1)
-      Larevocaciónhecha por la autoridad competente mediante un nuevo acto es el modo de cesación normal de todos los actos administrativos. Se prescribe en esta norma común, en la correspondiente a los decretos (c. 58 § 1) y en relación con los rescriptos en general (c. 73) o en particular (privilegios o dispensas).
-      Esta revocación ha de ser expresa en todo caso, considerándose como tal tanto la expresión explícita como el modo implícito a través de la emisión de otro acto totalmente contrario.
-      No tendrá efecto hasta que sea notificada conforme a derecho.

Decretos y preceptos singulares (cc. 48-58).

Caixa de texto: Competencia: facultad necesaria para el ejercicio de la potestad de régimen en un caso concreto. Puede ser territorial o personal (según abarque un territorio o se refiera a determinadas personas) y funcional (en caso de que exista prioridad de unas autoridades sobre otras siendo todas ellas competentes territorial o personalmente). 
Decreto singular: acto administrativo singular dado por iniciativa de la autoridad ejecutiva en el ámbito de su competencia mediante el cual se toma una decisión (decreto decisorio) o se hace una provisión (decreto provisorio), generalmente sin que medie petición del destinatario. 
Rescripto: acto administrativo singular dado por escrito por la autoridad ejecutiva competente mediante el cual se da respuesta, concediendo o denegando, a la petición de una gracia. 
Actos discrecionales y arbitrarios: no deben confundirse unos y otros. Los actos discrecionales son aquellas actuaciones realizadas según Derecho, dentro del margen de libertad u opciones legalmente permitidas, mientras que los arbitrarios son actuaciones realizadas sin sometimiento alguno a la ley o la justicia. Los actos arbitrarios constituyen abuso de autoridad y su autor deberá responder por los daños.
Definición.


Por la propia naturaleza del decreto, no es precisa una petición previa ya que el decreto es una medida de gobierno surgida de oficio, por iniciativa de la autoridad quien, aunque tenga un destinatario concreto, la da pensando ene l bien común de los fieles.
Esta característica lo diferencia del rescripto, el cual se da para conseguir un bien individual, y , por lo tanto, deberá pedirse.
En este punto tendremos que diferenciar entre:
-      Discrecionalidad: ámbito de libertad en el que se desenvuelven los actos de gobierno de la autoridad, como el decreto que supone una decisión libre, siempre fundada en la racionalidad, en la justicia y en la ley (c. 50)
-      Arbitrariedad: es la ausencia de reglas o principios y es rechazable en todo caso.
El contenido de los decretos singulares puede ser:
Ø  Una decisión: puede considerarse como la que pone fin a una controversia extrajudicial, la que impone una pena, la que decide sobre una concesión determina una extinción revocación
Ø  Una provisión: proceso establecido para conferir un oficio eclesiástico (cc 146-183) aunque se puede dar en un sentido mas amplio.

Caixa de texto: Precepto singular: acto administrativo singular del tipo decreto singular, que tiene un contenido específico de imposición, dirigido a una o varias personas con el objeto de urgirles al cumplimiento de una ley o de otra obligación de hacer u omitir que tengan el deber de observar.
El precepto singular es el único tipo de decreto que regula el CIC, y lo hace precisamente por su carácter de vincular directa e inmediatamente las conductas de los fieles al imponerles una obligación, ya sea de hacer o de omitir o se trate en concreto de urgirles a que cumplan una determinada ley.
Por medio del precepto pueden establecerse obligaciones específicas no previstas por la ley, siempre que esta otorgue a la autoridad ese poder (c. 618 in fine). Si el precepto prevé una imposición de una sanción para el caso de inobservancia, o la impone, se denomina precepto penal y tiene sus normas específicas (cc. 1314 y 1319).

Normas sobre la emisión

Este canon da unas mínimas normas de procedimiento que han de observarse en la emisión de un decreto singular; son casi de sentido común y su finalidad es garantizar que las decisiones de gobierno sean oportunas y justas, evitando arbitrariedades y abusos de poder.
Las dos pautas básicas en la sustanciación de cualquier expediente de formación de un acto administrativo son:
o  Obtener toda la información necesaria sobre las personas y lugares a que se refiere la decisión, con el fin de adoptar una medida acertada, válida y lícita y poder motivar la decisión como pide el c. 51;
o  Dar audiencia a todos los posibles interesados. Esta es una medida de prudencia, una exigencia de la equidad canónica por lo que solo por imposibilidad objetiva puede omitirse.
El incumplimiento del procedimiento sin causa justificada puede legitimar un recurso y generar responsabilidad por daños a tenor de los cc. 57 § 3 y 128.
La forma de emisión del decreto singular, como las demás actos administrativos, ha de ser por escrito (c. 37). Aunque la norma no afecta a la validez del decreto, e hecho resultará necesaria porque un decreto no escrito, aunque sea válido, no podrá ser notificado legítimamente y, por lo tanto, según el c. 54 § 2, no podrá exigirse su cumplimiento, siendo así un decreto ineficaz (c. 58 § 2).
Todo decreto que contenga una decisión, además de escrito debe ser motivado, contener al menos un resumen de las razones por las cuales se toma una decisión y no otra, lo que es determinante para que la autoridad no pueda ser acusada de arbitrariedad, y pueda ser impugnada su resolución.
No será preciso motivar un decreto que contenga una provisión ya que un decreto de este tipo se hace mirando al bien común y no tiene que afectar a derechos o intereses legítimos.




Efectividad de los decretos (cc. 50-56 y 58).

Caixa de texto: Eficacia del acto administrativo: situación de idoneidad del acto para desplegar los efectos que le son propios o aquéllos queridos por su autor. También se refiere al alcance del acto administrativo singular, que no puede extenderse a otros casos fuera de las situaciones o personas a las que se refiere. En el caso de decretos, éstos sólo serán exigibles, es decir, resultarán eficaces, después de su intimación. La eficacia también puede depender del cumplimiento de una condición o de algún requisito impuesto por la ley (por ejemplo, confirmación), así como también de que se realice la ejecución del acto (cuando se trata de actos administrativos comisorios).
La eficacia del decreto, por ser singular, está limitada a las personas y a los asuntos de que se ocupa singularmente, sin posibilidad de extenderse, ni por la vía interpretativa ni en casos de duda (c. 36 § 2 ). Dado su carácter personal obliga a la persona en cualquier lugar, a no ser que, por quien sea el destinatario o de su contenido, se derive otra cosa.
Ante la existencia de dos o mas decretos dados para un mismo asunto que sean incompatibles entre sí, la norma general es la regla del derecho generi per speciem derogatur, lo que implica, por ejemplo, si un decreto fue dado para todos y otro solo par algunos, en cuanto sean incompatibles prevalecerá el dado con carácter singular para la persona o personas concretas. Uno que trate algo genérico cede frente a otro que trate algo específico.
En caso de que los dos decretos contradictorios sean igualmente específicos o generales, se aplicará el criterio cronológico, prevaleciendo el emitido en último lugar en cuanto sea contrario al anterior ya que la autoridad hace la ultima valoración sobre el asunto ene l mas moderno.
Para la efectividad del decreto se requiere un acto de ejecución y se dice que se da en forma comisoria y surtirá efecto una vez que termine la ejecución, con la firma del ejecutor, una vez realizada la notificación o intimación al interesado.
Sino es un decreto comisorio, basta su notificación (intimación) para que pueda exigirse su cumplimiento. La intimación ha de realizarse por orden del autor del decreto, mediante la entrega personal o recepción fehaciente por parte del destinatario del documento, en el modo determinado por el derecho (cc. 55 y 56).

Caixa de texto: Notificación: acción de comunicar (intimar) el acto administrativo. Puede realizarse de forma ordinaria, con la entrega del documento o envío del mismo por correo certificado con acuse de recibo, o en forma extraordinaria, cuando se den circunstancias gravísimas que impidan la entrega del documento, en cuyo caso puede comunicarse mediante lectura o darse por notificado si el destinatario se niega a escuchar la lectura o no acude a la convocatoria.
La notificación consistirá ordinariamenteen la entrega del texto del decreto, ya sea en persona o a través del correo (que deberá ser certificado con acuse de recibo para que conste la fecha). 
Pero ante un motivo gravísimo, es decir, que se den circunstancias peligrosas o muy dañinas para el destinatario, la iglesia o el bien común, podría notificarse excepcionalmentepor otro modo. En estos casos la notificación del documento se podrá hacer mediante su lectura al destinatario delante del notario de la curia o dos testigos. Concluida la lectura se levantará acta que firmarán todos los presentes y se dará por realizada la notificación (c. 56).
Caixa de texto: Revocación del acto administrativo: acto expreso de la autoridad ejecutiva competente de dejar sin efecto un acto administrativo. La revocación se produce por medio de otro acto administrativo. 
Nulidad del acto administrativo: inexistencia jurídica del acto que se ha dado por carecer de algún elemento esencial (como la competencia de su autor) o de una formalidad establecida para su validez por la ley (p. ej. en el rescripto la escritura) o por el autor (p. ej. no habiéndose verificado una condición).

La efectiva notificación no puede depender de la exclusiva voluntad de su destinatario, motivo por el cual el canon determina que se tendrá por notificado a aquel que siendo convocado debidamente para entregarle o leerle el decreto, según el caso (c. 55), sin una causa justa que lo justifique no se presenta, no quiere recibir el documento o no quiere firmar el acta tras su lectura o recepción. Se levanta acta y si el interesado está presente se le da una copia. La fecha de notificación será la que conste en el acta y podrá urgirse su cumplimiento del decreto (c. 54 § 2).


Eldecreto singularcesa por revocación expresa o como consecuencia de la perdida de vigor de la ley a cuya aplicación sirve. Puede producirse de oficio (por iniciativa de la autoridad competente); a petición de parte interesada (1734 § 1); o por decisión del superior jerárquico al resolver un recurso (c. 1739). A la revocación del decreto son aplicables las normas comunes de cesación de los actos administrativos singulares (cc 46 y 47)
Elpreceptocesa del mismo modo que el decreto singular (c. 46), con una excepción, por su peculiar contenido impositivo, para los casos en que se ha impuesto sin documento legítimo, desapareciendo el precepto al perder su potestad la autoridad que lo impuso y podía exigir su cumplimiento.

El silencio administrativo (c. 57). 

Caixa de texto: Silencio administrativo: presunción jurídica de respuesta negativa que permite que quien haya realizado una petición legítima a la autoridad para que emita un decreto y no haya obtenido respuesta en el plazo de tres meses, pueda elevar su solicitud a la autoridad superior mediante recurso.
La autoridad eclesiástica debe atender los asuntos dependientes de su potestad, entre los cuales está emitir un decreto cuando la ley así lo prescriba (cc. 156, 163 o 179 § 2 y 3) y responder a quien legítimamente haga una solicitud o presente un recurso.
Para que una petición sea legítima deberá ser hecha por persona capaz y hábil, además de estar debidamente presentada y razonada; si se trata de un recurso deberá cumplir también los requisitos de los cánones específicos sobre ellos (cc. 1732-1739).
Tres meses es un plazo razonable para que la autoridad pueda proveer, por lo que pasado ese tiempo sin respuesta, la ley presume que la petición fue rechazada, y así el interesado puede continuar recurriendo a una instancia superior. A est presunción legal de respuesta negativa se llama silencio administrativoy es una novedad de la codificación de 1983.
Al ser una presunción la autoridad inferior tiene la obligación de dar respuesta cuanto antes (§·3), aunque el interesado avalado por la presunción, haya recurrido al superior. Una vez resuelto, la autoridad inferior será responsable de los posibles prejuicios materiales, morales o espirituales. Esta responsabilidad también es nueva en el código y puede exigirse a través del propio recurso jerárquico (c. 1739 y PB 123 § 2), o autónomamente, si la causa de daño, no es un acto administrativo que pueda recurrirse.
Tema 4. Los rescriptos (cc. 59-75). 

Definición

El rescripto es un acto administrativo que la competente autoridad ejecutiva emite por escrito, y que por su propia naturaleza concede un privilegio, una dispensa u otra gracia, a petición del interesado

Caixa de texto: Licencia: acto de control preventivo, propio de la potestad ejecutiva de régimen, que corresponde a una autoridad superior por determinación de la ley, sobre la legalidad u oportunidad de realizar determinados actos. Con la concesión de la licencia queda expedita la facultad para ejercer el acto. Actos de control también son la aprobación o la confirmación, pero son a posteriori. La licencia sigue el régimen de los rescriptos pero no se exige su escritura.
El rescripto junto con el decreto singular son los dos tipos de actos administrativos singulares a través de los cuales l autoridad ejecutiva atiende a las necesidades específicas de los fieles en casos particulares. Ambos se rigen por las normas comunes a los actos administrativos (cc 35-47) y por las referentes a la potestad ejecutiva (cc. 134-144), siéndoles también la relativa a los recursos (cc. 1732-1739), además de las propias para decretos y rescriptos. La diferencia entre ellos están en el contenido y en la iniciativa (cc. 48 y 59 § 1).
El rescripto es un acto administrativo singular, documento escrito, mediante el que la autoridad ejecutiva competente (c. 76 § 1)responde a la petición de una gracia. Es un documento que pertenece a la categoría acto administrativo singular, a través del cual la autoridad responde a la solicitud de un favor. Se puede dar en Motu propio cuando se quiere conceder una gracia con benevolencia sin petición previa.
El procedimiento comienza con la solicitud (preces), donde se exponen las razones. Una vez valorada la situación por la autoridad, toma la decisión de conceder o no la gracia, lo que hace a través del rescripto.
Caixa de texto: Orador o peticionario de un rescripto: es el que solicita un rescripto, redactando las preces, sea para sí o para otro. 
Preces: escrito que presenta el orador para obtener un rescripto, en el que constan los datos del peticionario y, en su caso, de la persona para quién se solicita, la gracia que se solicita y las razones en que se sustenta la solicitud. 
Causa motiva: es el motivo principal que alega el orador en la solicitud del rescripto, que de por sí debe ser suficiente para su concesión. 
Causa impulsiva: razón de por sí no suficiente para la concesión del rescripto, aducida por el orador para apoyar la causa o causas motivas y ofrecer así a la autoridad mayores argumentos para que conceda la gracia. 
A las gracias concedidas oralmente (que no son rescriptos por faltarle la escritura), y a las licencias, que no son gracias propiamente, sino autorizaciones que permiten ejercer facultades o poderes cuya titularidad pertenece al sujeto pero cuyo uso está sometido al control de la autoridad, le son de aplicación la normativa de los rescriptos. En consecuencia, tanto las licencias como los demás actos citados, salvo las gracias de viva voz, deberán observar la forma escrita, lo cual garantiza su certeza.



Orador, preces

El canon se refiere al peticionario (llamado orador), que es quien redacta las preces (c. 63 § 1), que normalmente coincidirá con el destinatario o beneficiario el rescripto. El derecho no establece inhabilitaciones especiales o prohibiciones concretas para ser orador, por lo que al mismo sólo se exigirán las condiciones generales de capacidad. Nada impide que pida y obtenga un rescripto cualquier persona, que puede ser solicitada por cualquiera de los cónyuges, sin mas requisitos, a tenor del c. 1142.
Caixa de texto: Subrepción: es no decir la verdad en las preces, lo que significa ocultar aquéllas circunstancias que es necesario que la autoridad conozca para tomar una decisión justa. La ley y la praxis canónica determinarán cuáles son los datos que el orador debe hacer constar obligatoriamente para que el rescripto sea válido. La subrepción se salva si la autoridad concede la gracia espontáneamente, por su sola liberalidad (motu proprio). 
Obrepción: consiste en alegar motivos falsos para conseguir la concesión de la gracia. La obrepción invalida el rescripto si en las preces no hay ninguna causa motiva cierta, pues faltaría completamente la causa.
Subrepción, obrepción


Beneficiario, 

Puede pedirse un rescripto para disfrute propio o de otro. Al beneficiario no se le exigen las mismas condiciones generales de capacidad de orador, por lo que podría ser un menor, un incapaz o, simplemente, una persona jurídica o una comunidad de fieles, para lo que su obispo haya pedido y obtenido una gracia. No es preciso que el beneficiario consienta en la petición, ni tampoco que acepte la concesión, pues el valor jurídico del rescripto se funda en la libertad de la autoridad y no en la voluntad o aceptación del agraciado. La gracia surte efectos desde el mismo momento de su concesión (c. 62), sin que le afecte el desconocimiento del beneficiario ni su oposición si se diese. Puede introducirse alguna clausula contraria.
El rescripto gracioso, llamado así porque no necesita ejecución, surtirá efecto desde el momento en que se ha expedido el documento, lo que significa que el beneficiario puede comenzar a usar la gracia o hacer valer la concesión desde el primer momento en que le conste que la autoridad ha firmado y expedido el rescripto. En el caso de rescripto comisorio, habrá d esperar el momento de su ejecución. Las gracias concedidas a viva voz se podrán usar desde la fecha de la concesión verbal (. 57 § 2 y 74).

Rescripto comisorio (cc. 59-63, 66-70)

Los rescriptos pontificios dados en forma graciosa (sin ejecución) surten efectos desde el momento de su concesión como todos los demás (vid. C. 62) y no es necesario presentarlos al Ordinario propio, salvo que así se pida en el documento, se trate de un concesión que afecte al bien público o la concesión esté sujeta a condición, en cuyo caso es necesario comprobar que se ha cumplido.
Los rescriptos comisorios en el que sea el fiel que lo ha obtenido quien deba presentarlo al ejecutor, deberá hacerlo ene l plazo establecido. Si no se fija una fecha, debe presentarlo en cualquier momento, con tal de que con el retraso no se trate de eludir la ley o perjudicar a otros.
En los rescriptos puede facultarse al ejecutor, mediante la oportuna delegación, a decidir, de acuerdo con la ley y según le dicte su conciencia a la vista de las circunstancias, la oportunidad de conceder o denegar la gracia. A quien tiene esa responsabilidad se llama ejecutor libre, voluntario o discrecional.

Uso (cc. 71-72, 74).

La naturaleza graciosa de los rescriptos permite que puedan ser obtenidos sin pedirlos e incluso sin quererlos (c. 61 y su comentario), por lo que resulta lógico que cuando el destinatario sea una única persona física, pueda decidirlo no usarlo. Si la gracia tiene una función pastoral concreta deberá usarla si urge necesidad.
El ejercicio de la potestad de régimen en el fuero externo tiene repercusión en el interno (no al contrario; comentaros de los cc. 37 y 130), de ahí que una gracia concedida oralmente pueda usarse siempre en conciencia. Si su utilización tiene una repercusión externa, para que su uso sea legítimo debe probarse, siempre que así lo pida la autoridad competente o los posibles efectos de su concesión. La prueba, al faltar el documento (rescripto), sólo puede probarse a través de testigos. Si no se consigue la prueba, la autoridad podría prohibir su uso.


Reglas para la validez o licitud de las concesiones (cc. 64- 65, 67).

Reglas para la validez o licitud de las concesiones de gracias con lo que se pretende:
§  Evitar los posibles conflictos de competencia entre autoridades con igual potestad para resolver un mismo caso.
§  Cumplir con el orden jerárquico
§  Velar por la necesaria unidad de actuación en la administración pública de la Iglesia.
Los dicasterios de la Curia Romana son jerárquicamente iguales entre sí y forman una unidad de gobierno para la Iglesia Universal. La negación de un dicasterio excluye la concesión válida por otro dicasterio o por otra autoridad inferior, salvo que cuente con el consentimiento del dicasterio denegante. Se excluye de esta norma al Papa y a la Penitenciaria apostólica, cuyas decisiones en el fuero interno no tienen ninguna relación con las que pueden tomar otros dicasterios.
Las reglas establecidas en el canon anterior se aplican ahora a nivel dela Iglesia Particular. El canon contempla cuatro hipótesis, tres de ellas la gracia se ve afectada de invalidez (§§ 2 y 3) y una ilícita o ilegítima (§ 1). Las vemos:
§ 1. Gracia denegada por un ordinario propio y pedida a otro: Todos los Ordinarios propios tiene competencia para otorgar un rescripto as sus súbditos, y cualquiera que lo conceda lo hará válidamente. El canon exige para que la concesión sea lícita, que el orador haya mencionado la denegación previa y que el que conceda conozca las razones de la negación.
§ 2. Gracia denegada por un Vicario y pedida a otro vicario del mismo obispo: un vicario no podrá conceder válidamente una gracia denegada por otro vicario, aún habiendo obtenido las razones de la negativa del primero. Esto es consecuencia de que los vicarios participan de la misma potestad del Obispo por lo que no pueden contradecirse. Sería válida la concesión de un Vicario si el primero que negó le diese su consentimiento para ello.
§ 3. Gracia denegada por un Vicario y concedida por el obispo o viceversa. Por la razón de unidad de gobierno del Obispo, es la razón de que también se sancione con la nulidad la concesión del Obispo de una gracia denegada por uno de sus vicarios, si el negador no le hace saber que hay esa negación anterior. Una vez conocida esta negación, el obispo puede conceder válidamente. No sucede al revés lo mismo ya que el vicario necesita el consentimiento del obispo.
Caixa de texto: Dolo: actuación ilícita que consiste en una maniobra engañosa que busca inducir a actuar de un determinado modo. Es considerado un vicio de la voluntad, por lo que, aunque como norma general no anula el acto, puede provocar su rescisión.
Esta norma trata de evitar que cualquier error accidental que no afecte a la comprensión del rescripto lo invalide y haya de volver a emitirse, con el retraso y posibles prejuicios. Se encomienda al Ordinario del destinatario que valore la influencia de esos errores en la claridad de la concesión.
Como actuar en caso de colisión de rescriptos (§§ 1 y 2) o de duda sobre su validez (§ 3).
§§ 1 y 2 Rescriptos incompatibles, dadas por la misma o diversa autoridad del mismo rango, sobre l mismo asunto y dirigido a la misma o a diferentes personas. Debe resolverse la contradicción con el criterio de prevalencia de lo peculiar o concreto, sobre lo general (comentario al c. 53); segundo, en caso de ser igualmente peculiares o generales, se seguirá el principio de prioridad del mas antiguo, ya que la situación favorable que crea no se puede suprimir por simple presunción interpretativa, sin que la autoridad lo manifieste de modo inequívoco. La norma quiebra si el segundo rescripto hace referencia expresa al primero, o si el que obtuvo el primero no lo usa, ya por dolo o por negligencia culpable, pues en estos casos decae la causa de protección del favor concedido y la segunda persona que obtuvo el rescripto puede ejercerlo.
§ 3 Los casos de duda sobre la validez del rescripto, tenga quien tenga la duda, deberá resolverlos su autor.

Prórroga y cese (cc. 72-73).
Un rescripto pontificio que expira, sólo puede ser renovada por la propia Sede Apostólica. Pero. Con el fin de que puedan continuar usándose determinadas facultades apostólicas especialmente útiles para el destinatario o para el bien común, el canon faculta al Obispo diocesano para que prorrogue el rescripto por una sola vez durante tres meses. El plazo se contará desde el día que expiró rl rescripto y se computará según el calendario.
Los rescriptos no cesan por ley contraria, ya que la ley es irretroactiva (c. 9) y respeta los derechos adquiridos (c. 4), salvo disposición expresa en contra contenida en la misma ley. El modo normal de cesación de un rescripto es a través de un acto administrativo de la autoridad competente que así lo disponga.



Tema 5. El privilegio (76-84). 

Definición de privilegio

Privilegio: gracia otorgada por el legislador o la autoridad ejecutiva en quien delegue, a favor de una o varias personas físicas o jurídicas, a través de un acto peculiar (rescripto), que permite a su beneficiario realizar actuaciones contrarias a la ley o no contempladas en la misma, generalmente de modo perpetuo. La mayoría de las veces son pedidos

Se exige que sea dado por el legislador. Es una gracia otorgada por rescripto, que es un acto administrativo singular que, como todos los demás, son propios de la autoridad ejecutiva, y en este caso no es una excepción, pues el legislador también posee potestad ejecutiva y cuando emite un acto administrativo actúa administrativamente
Clases (privilegio personal, real y local)

Privilegio personal: es el que se concede directamente a una persona física, se extingue con su muerte y ésta puede decidir usarlo o no, a no ser que esté canónicamente obligado a su uso por una razón de necesidad pastoral, e incluso renunciar al mismo. 
Privilegio real: es el privilegio concedido en atención a la dignidad de un objeto o de un lugar, a través de los cuales los fieles reciben gracias. Desaparece el privilegio si el objeto se destruye. 
Privilegio local: es el privilegio concedido a los fieles a través de un lugar. Si el lugar fuese destruido pero se reconstruyese en el plazo de cincuenta años reviviría el privilegio, de tal modo que podría seguir utilizándose sin necesidad de nueva petición a la autoridad. 
Privilegio oneroso: aquél que su existencia supone una carga o incomodidad para terceras personas. En atención a ello, el CIC determina que su titular puede perderlo por prescripción si no lo usa

Interpretación

La interpretación del privilegio, por ser favor, deberá ser estricta (c. 36 § 1 y comentario). Pero no debe olvidarse que su contenido específico favorable debe conservarse, pues en caso contrario dejaría de ser privilegio. Deberá pues interpretarse de modo que la restricción de su contenido no vaya mas allá de los manifestado por el concedente o lo establecido por la ley.


Cesación. 

Comienza la regulación de los modos de cesación de un privilegio, que se hace con detalle (cc. 78-84) dada su naturaleza de gracia normalmente perpetua, que da lugar a una situación jurídica estable en el beneficiario (c. 4 y 38) que no puede suprimirse sin causa justa y suficiente.
Si no establece otra cosa el privilegio, se presume su concesión para toda la vida de la persona física (privilegio personal) o por el tiempo que se mantenga la existencia de la cosa o el lugar (privilegio real o local) por razón del cual se concede.. Si se da a una persona individual, puede disfrutarlo indefinidamente y en todas partes, pero desaparece a su muerte.. Si se confiere a los fieles a través de una cosa o lugar, cesa si se destruye el objeto o el lugar. Pero el privilegio local revive
El privilegio ha de ser dado por acto peculiar (c. 76), no se suprimirá por ley (c. 73) sino por acto singular contrario de la autoridad competente, que será la que lo otorgó (cc. 46 y 81) o su superior (c. 84). El obispo y los demás ordinarios pueden revocar los privilegios concedidos por ellos, pero no los de otras autoridades ni los de origen pontificio.
La revocación surtirá efectos a partir de su notificación (c. 47).
El canon regula los efectos de la renuncia del privilegio. El principio general es que ningún privilegio cesa por simple renuncia, sino que siempre es necesaria la intervención de la autoridad para comprobar si es procedente o si perjudica a otros. No surte ningún efecto hasta su aceptación expresa por la autoridad competente. No debe confundirse el cese con el uso o el uso contrario (cc. 71 y 82).
Una persona física puede renunciar a un privilegio concedido únicamente  su favor, pero no al privilegio concedido a favor de otro, ni al concedido a una persona jurídica, ya que pertenece al patrimonio de esta, ni al que ha sido otorgado en atención a la dignidad de un lugar o de un objeto por la misma razón.
Se repite aquí la norma común del c. 46, según la cual no cesa el acto administrativo al cesar la potestad de quien lo dio, sino que es necesario que conste la voluntad de revocación. El c. 46 admitía la excepción y el c. 81 expresa la formula para señalar esa voluntad según la cual. Debe entenderse que el beneplácito termina en el momento en que cesa el oficio sin necesidad de acto revocatorio singular.
El privilegio, al ser un favor, no resulta generalmente de obligado cumplimiento, por lo que el desuso o no uso ni el uso contrario hacen cesar el privilegio. Si lleva un perjuicio para otros, su falta de uso permitiría al afectado liberarse de la carga a través de prescripción legítima.
Se contemplan dos modos mas de perder un privilegio:
1.   El privilegio cesa cumplido el plazo o agotados los casos para los cuales fue dado, sin perjuicio de la excepción contemplada en el c. 142 § 2 para el fuero interno, y la prórroga que puede dar el Obispo a los rescriptos pontificios. (c. 72).
2.   Cesa si pierde su causa por el cambio de circunstancias respecto del momento en que fue concedido, volviéndose dañino, o ilícito. El cese se produce por el cambio de circunstancias, pero dada su efectividad, para poder exigir que no se utilice, el canon exige declaración formal de l autoridad competente (c. 79). En tanto esta no emita un juicio al respecto, el uso es válido, aunque pueda resultar ilícito (c. 84)
El abuso grave del privilegio por parte de beneficiario, es su extensión mas allá de los límites de actuación establecidos, o el uso desviado de las facultades concedidas (respecto al lugar, personas, tiempo, fin), hace que su ejercicio se vuelva ilícito y merezca la privación de la gracia. El canon impone un procedimiento, con carácter general que debe seguir el ordinario de informar a al autoridad igual o superior que lo concedió y pedir al abusador una reparación del daño causado.

La dispensa (cc. 85-93): 

Definición
Caixa de texto: Dispensa: gracia que concede la autoridad ejecutiva competente mediante acto administrativo singular (rescripto), que permite suspender la aplicación de una ley en un caso concreto o para una persona determinada.

La dispensa al igual que el privilegio, tiene gran importancia y tradición en el ordenamiento canónico, pertenece al ámbito propio del poder ejecutivo y busca la justicia del caso concreto en la aplicación de la ley. Ambas figuras crean situaciones legítimas particulares contrarias a la regulación general, perpetuas en el privilegio y puntuales en la dispensa, y se otorgan a través de rescripto, aunque cabe ocasionalmente la concesión oral.
Dispensar es dar o conceder algo sopesando la decisión; la causa es un elemento esencial, incluso para la validez, en la dispensa, que señalará el punto de equilibrio entre la obligatoriedad general de la ley y su exención en el caso concreto.
La dispensa no modifica la ley y solo hace que su fuerza vinculante o la de alguno de sus mandatos no opere en un caso particular. De ahí que se llame relajación de la ley. Esta relajación solo puede concederse de leyes meramente eclesiásticas, incluyendo la costumbre, los decretos generales y excluye a las normas singulares, a las obligaciones surgidas de otros actos y a las leyes divinas. Tampoco serán dispensables, por prescripción del derecho, las leyes que determinan los elementos constitutivos esenciales de las instituciones o de los actos jurídicos (c. 86).
El canon concede facultad de dispensar a todas aquellas autoridades con potestad ejecutiva evidentemente en sus ámbitos de competencia, o a aquellos que recibieron la oportuna delegación, facultados por la ley: obispos y equiparados, ordinarios; ordinarios de lugar; párrocos; presbíteros y diáconos.

Autoridades con potestad para dispensar

Según el C. V. II cada obispo tiene la facultad de dispensar de la ley general, salvo que la autoridad suprema haga reserva especial para si o para otra autoridad. El sistema vigente es el de competencias ordinarias establecidas por la ley para la dispensa de las leyes, con reservas excepcionales a favor de autoridades superiores.
Así la facultad de dispensar es parte de la potestad ordinaria propia del obispo, por razón de su función pastoral y es del ámbito de l potestad ejecutiva, sin prejuicio de la suprema autoridad del papa para hacer las reservas necesarias que exija el bien común.
Suponiendo la autoridad suprema y general del Papa, ahora veremos las normas de competencia para dispensar, la cual depende del tipo de ley y de las circunstancias que concurran en el caso concreto.
1.   En circunstancias normales y siempre teniendo en cuenta el bien espiritual de los fieles, los obispos diocesanos y sus equiparados canónicamente tienen la facultad de dispensar de las leyes disciplinares universales o particulares dadas para su territorio o para sus súbditos dados por la autoridad suprema. El concepto de ley disciplinar abarca todas las normas establecidas por el legislador eclesiástico humano, teniendo en cuenta que la dispensa ha de concederse siempre con causa y en beneficio espiritual. 
Se excluyen por lo tanto:
-      las leyes constitutivas,
-      las leyes procesales,
-      las penales y
-      las reservadas a la Santa Sede.
El CIC atribuye competencia para la dispensa de los impedimentos matrimoniales de derecho eclesiástico no reservados al Ordinario del lugar y a cualquier ordinario la potestad para dispensar las irregularidades e impedimentos para recibir órdenes y la dispensa de las leyes universales en la duda de hecho. En peligro de muerte el Ordinario del lugar puede dispensar de la forma y de todos los impedimentos matrimoniales de derecho eclesiástico.
2.   En las circunstancias extraordinarias (caso urgente concretado en la dificultad de acceso a la autoridad competente y daño probable por la demora), las leyes universales, aun las reservadas a la Santa Sede, pueden ser dispensadas por cualquier ordinario, con tal de que la Santa Sede suela conceder la dispensa. Se excluye la dispensa de celibato sacerdotal que corresponde sólo al Romano Pontífice.
Las leyes particulares, diocesanas o supra diocesanas dadas por quien tiene potestad legislativa en esas estructuras (no las particulares del legislador universal que se rigen por el canon 87) pueden ser dispensadas por el ordinario del lugar. Las leyes supra diocesanas son las dadas por el concilio particular, plenario o provincial y las de la conferencia episcopal. El canon exige que la cauda de la dispensa de estas leyes sea el bien de los fieles, requisito común de toda dispensa y causa de la misma.
Los presbíteros, aunque sean párrocos y los diáconos, carecen de potestad ejecutiva, por lo que no pueden dispensar de las leyes si esta facultad no se les concede expresamente, ya sea por delegación o por el mismo derecho.
Es una aplicación concreta de la norma del canon 136 y determina quien puede ser sujeto pasivo e la dispensa.
Quien tenga potestad para dispensar podrá ejercerla:
-      Sobre si mismo, esté donde esté.
-      Sobre sus súbditos, estén donde están.
-      Sobre los transeúntes, que no están obligados a las leyes donde se encuentren.

Leyes no dispensables (cc. 85-91)

Las leyes, universales o particulares e determinen los elementos constitutivos esenciales no pueden dispensarse, si así se hiciera se estaría desvirtuando la naturaleza de la institución o del acto, dejando de ser lo que es.
Deben distinguirse las leyes constitutivas de las irritantes, pues estas últimas no siempre protegen elementos constitutivos. (ej. La forma del matrimonio)
La dispensa, al ser una gracia, es una medida que la autoridad concede discrecionalmente, pero no arbitrariamente o caprichosamente, de ahí que la causa sea un elemento imprescindible de la misma. Como causa genérica puede ser considerado el bien de los fieles que será concretado en cada caso. La causa deberá valorarse sopesando la relación entre los hechos concretos y la importancia de la ley que se dispensa., de ahí debe deducirse su justicia y razonabilidad, tanto para e que la recibe como para el bien común.
Si falta la causa la dispensa es inválida, salvo que la haya concedido el legislador o superior, en cuyo caso vale y puede usarse, siendo ilícita. La validad se justifica por evitar incertidumbres jurídicas y problemas de conciencia. El mismo motivo justifica la presunción, aplicable al caso de invalidad y la

Interpretación

La dispensa, al ser una gracia, es una medida que la autoridad concede discrecionalmente, pero no arbitrariamente o caprichosamente, de ahí que la causa sea un elemento imprescindible de la misma. Como causa genérica puede ser considerado el bien de los fieles que será concretado en cada caso. La causa deberá valorarse sopesando la relación entre los hechos concretos y la importancia de la ley que se dispensa., de ahí debe deducirse su justicia y razonabilidad, tanto para e que la recibe como para el bien común.
Si falta la causa la dispensa es inválida, salvo que la haya concedido el legislador o superior, en cuyo caso vale y puede usarse, siendo ilícita. La validad se justifica por evitar incertidumbres jurídicas y problemas de conciencia. El mismo motivo justifica la presunción, aplicable al caso de invalidad y la que dice que si hay duda sobre la causa es suficiente y la dispensa vale.
Cuando hay duda sobre el alcance de la dispensa, esta debe interpretarse de modo estricto. Así lo establece el c. 36 § 1. La interpretación será estricta en los casos en que la potestad de dispensar haya sido delegada para un caso determinado.

Cesación (cc. 92-93). 

La dispensa de tracto sucesivo, cesa de la misma forma que el privilegio (cc. 78-84), además de por la desaparición de la causa que la motivó, extremo que deberá ser declarado por la autoridad.


Caixa de texto: Dispensa de tracto sucesivo: dispensa que no se agota en un solo acto, sino que permite la relajación de la ley para varios casos concretos y determinados o durante un tiempo establecido (por ejemplo, la dispensa de la obligación de abstinencia durante toda la cuaresma). Cesará del mismo modo que el privilegio (por muerte del beneficiario, por cumplimiento del tiempo o del número de casos, por revocación, por cambio de circunstancias, por renuncia aceptada, por prescripción si es onerosa y se da desuso o uso contrario, por término de la potestad de quien la dio "a su beneplácito", por privación) así como por la cesación cierta y total de su causa motiva.

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